PNV, Aralar y EA, que suman la mayoría de representación popular en el Parlamento de Gasteiz, exigen la retirada del plan «Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia» elaborado por el Gobierno de López y su sustitución por otro consensuado con los implicados.
Los grupos abertzales del Parlamento de Gasteiz consideran que el proyecto presentado por Patxi López como «reformulación del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos» no es en realidad más que «proyectar sobre el ámbito educativo los contenidos del pacto entre el PSE y el PP, y para justificar su discurso del cambio», lo que le convierte en un mero «elemento más de su estrategia antiterrorista».
Por ello, PNV, Aralar y EA coinciden en exigir al Gobierno su retirada y la apertura de un proceso de búsqueda de consenso tanto con los grupos políticos representados en la Cámara, como con los agentes implicados en su futuro desarrollo, especialmente los ligados al mundo educativo.
Pese a que según el propio borrador del Gobierno es el lehendakari quien lidera el plan y que en su contenido y desarrollo tiene un papel principal el Departamento de Educación, fue el consejero de Interior quien salió ayer al paso de las críticas recibidas, aunque dirigiéndose únicamente al PNV, al que afeó que rechace el documento sin ofrecer ninguna alternativa.
PNV: «Diagnóstico erróneo»
El PNV considera que el Plan de López parte de «un diagnóstico erróneo y falso» de la realidad política vasca y de la evaluación del plan del Ejecutivo tripartito. Y apunta que, en realidad, no es una «reformulación» de aquél, sino uno nuevo y distinto que pierde su carácter integral y «se centra, únicamente, en las víctimas del terrorismo y deja de lado la educación para la paz, los valores, la convivencia y la reconciliación»
Los parlamentarios Iñigo Iturrate, Arantza Aurrekoetxea y Maribel Vaquero señalaron que «para su elaboración, el Ejecutivo no ha contado con ninguna aportación de las asociaciones y colectivos que trabajan en derechos humanos ni con la comunidad educativa. Tampoco ha hecho uso de de los instrumentos de colaboración que incluía el Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos».
A su entender, «los cambios que plantea este documento parecen pensados, simplemente, para proyectar sobre el ámbito educativo los contenidos del pacto de PSE y PP, y para justificar su discurso del cambio».
Los jeltzales sostuvieron que «en un plan de educación, está fuera de lugar la necesidad de identificación política con el Estado constitucional».
EA: «Adoctrinamiento»
También Eusko Alkartasuna ha formulado un completo documento de alegaciones al plan del Gobierno, que su parlamentario, Jesús Mari Larrazabal, resumió ante los medios de comunicación, comenzando por el hecho de que el borrador no justifica de forma alguna la necesidad de una reformulación de plan aprobado por el anterior Ejecutivo en diciembre de 2007.
Larrazabal criticó que «el objetivo prioritario ya no es la promoción integral de la paz y de todos los derechos humanos, sino “la deslegitimación política, social y ética del terrorismo” y en consecuencia, la Educación para la Paz se convierte en un instrumento de su estrategia antiterrorista. Es un Plan de Educación Antiterrorista y su diseño, de principio a fin, responde a ese objetivo, en contra de la filosofía establecida en esta materia por las Naciones Unidas».
EA considera que «lo que propone el Gobierno es utilizar el sistema educativo para adoctrinar al alumnado en la defensa de un modelo político, basado en la Constitución de 1978, que responde a las aspiraciones legítimas del PSE y PP pero que hoy carece del respaldo de la mayoría de la sociedad vasca». Y para Larrazabal «no es de recibo pretender deslizar en la argumentación la idea de que, si no se defiende el Estado Constitucional, se va inexorablemente a la legitimación del terrorismo».
EA defiende el papel jugado por el profesorado, frente a las dudas que siembra el plan gubernamental, y añade que «la presencia sistemática de víctimas en las aulas es una decisión política partidista que no responde a criterios pedagógicos».
Respuesta de Lakua
Aralar ya fijó el jueves su posición con criterios muy similares a los expuestos por EA y PNV.
El Gobierno, a través del consejero de Interior, salió de inmediato a responder a las críticas, en concreto a las jeltzales, para asegurar que «el rechazo expresado al plan representa, desgraciadamente, un paso atrás del PNV en su compromiso con las víctimas».
En una nota de prensa, Lakua apuntó que «no es entendible que, el primer partido de la oposición, sin presentar alternativa alguna, se limite a reclamar la retirada del borrador del plan, desenfocando su contenido y atribuyéndole intenciones que sólo están en la imaginación de algunos».
El Ejecutivo de Patxi López cuenta con el apoyo asegurado de PP y UPyD y es probable que recoja en el plan algunas de las aportaciones que realicen estos partidos.
Su intención es la de aprobar el texto en el Consejo de Gobierno previsto para el día 27 de abril y remitirlo al Parlamento para su presentación, sin votación alguna.
