Cuando una operación policial acaba con los detenidos en el hospital debido a la tortura y es definida como buen trabajo por Alfredo Pérez-Rubalcaba; cuando en Catalunya, el conseller de Gobernación del tripartito progresista y de izquierdas pone los abogados del Departamento a trabajar para defender a sus guardias acusados de tortura; cuando la izquierda en la oposición, incluido el Partido Comunista Español, sucumben al silencio impuesto; cuando la justicia avala sin pestañear el trabajo de la Guardia Civil permitiendo la incomunicación cuestionada desde instancias internacionales como la situación idónea para torturar, el cáncer de la tortura se expande transversalmente en la sociedad.
Entonces fácilmente se propaga a otros niveles y alcanza otras disciplinas como el derecho, la medicina, psicología, psiquiatría, medicina legal… lo que puede convertir a los respectivos profesionales en cómplices del daño. Las disciplinas son neutras pero no lo son los médicos, psicólogos, psiquiatras, abogados, forenses… que se debaten con los problemas éticos entre oposición y obediencia en un primer periodo, pasando a formar parte del victimario cuando miran hacia otro lado y olvidan el juramento hipocrático o las promesas del código ético de los profesionales. La mancha corrupta se expande rápidamente.
Cuando el psicólogo de una cárcel, por ejemplo, es un ex guardia licenciado aparece el peligro de la perversión de la profesión a favor de fines que nada tienen que ver con la única tarea que le asigna la ética a este profesional: la de curar. En este caso, el mecanismo de adaptación también lo explica la psicología. Con la convivencia o inmersión en determinado grupo, se propicia generalmente un cambio de actitud y posteriormente una identificación con los valores del grupo en el cual se convive, lo que facilita generalmente la posterior justificación de las actuaciones grupales aberrantes. Con todos los aparatos del sistema de un Gobierno de izquierdas, incluida la oposición de los comunistas oficiales al servicio de la inmunidad y de la impunidad de la tortura, podemos decir que la izquierda española ha logrado la funcionalización de la tortura, con sus correspondientes premios, insignias y reconocimientos oficiales a pesar de que el tormento haya terminado en asesinato. Como la tortura se establece como instrumento reglado y sistemático de la represión, ‑reconocimiento de la función- varios guardias involucrados en torturas y partícipes en operaciones atroces han sido ascendidos por los gobiernos socialistas a puestos claves. La tergiversación interesada, cuando no la falsedad, tienen como consecuencia esta inmunidad y impunidad que, junto al favorecido olvido, comparte toda la izquierda española.
La funcionalizacion de la tortura se implementa en Euskal Herria en el marco de un sistema monárquico amparado por una democracia constitucional y también orgánica en que se establece la condición mínima y necesaria para declarar en la Audiencia Nacional. El relato de las torturas que han hecho los 34 jóvenes arrestados antes de declarar ante Grande-Marlaska es demoledor. Pero que es una condición mínima y necesaria lo demuestran las detenciones que se producen en los casos de presentación voluntaria a las puertas de la Audiencia Nacional española. Recientemente, el caso de Ainara Bakedano, detenida a 50 metros del juzgado e incomunicada posteriormente, es muy propio. El teorema de las izquierdas españolas queda definido pues: para declarar en la Audiencia de Madrid es condición necesaria estar sometido a incomunicación; cuando les golpean no pueden defenderse, cuando lascivamente satisfacen hazañas masculinas con los cuerpos de las detenidas tampoco se pueden resistir, y han de poder demostrar al juez especial que están reducidos a meros números y por encima de todo deben olvidar que eran seres humanos.
La misma funcionalizacion revela por qué se puede imputar por acción o por omisión el delito de tortura que aún sigue siendo perseguido en Europa, a personas de prestigio y alta jerarquía española sobre quienes nadie hubiera sospechado ser capaces de tales crímenes. La tortura trasciende del derecho penal y muchas otras profesiones comparten culpas. La estampa de los monos que se tapan la boca, los oídos y los ojos se comparte aquí de manera alarmante junto con la falta de conciencia que hace gala toda la izquierda. La impunidad que ofrece la izquierda ante la justicia a los responsables máximos por la tortura viene acompañada de una falta de conciencia ética en amplios sectores de la sociedad de los que se nutre precisamente la izquierda oficial. Si esta impunidad avanza la sociedad sin conciencia se impondrá sin remedio, muy a pesar de la tan cacareada ética de la izquierda.
