En su declaración del 31 de octubre pasado, la sostuvo que el Acuerdo de Guaymura (también llamado «de Tegucigalpa»), entre los representantes del presidente depuesto Manuel Zelaya y los del gobierno golpista de Roberto Micheletti significaba una completa capitulación de Zelaya a los golpistas. A cambio de su posible vuelta al gobierno, totalmente condicionado y por un corto período, él aceptó que los golpistas no sean castigados y abandonó el llamado a una Asamblea Constituyente soberana (una de las aspiraciones más sentidas del pueblo hondureño). Peor aún, legitimó a los golpistas y sus instituciones (sería el Congreso, en consulta con la Corte Suprema el que votaría su vuelta al gobierno), y les entregó el control del proceso electoral y de la transición al nuevo gobierno electo. Pocos días después, esta definiciones acabaron siendo confirmadas por el propio Zelaya, cuando hizo pública una carta que envió al presidente de EEUU, Barack Obama. En ella, ante la demora en ser restituido en su cargo, dice: «No acepto ningún acuerdo de retorno a la Presidencia». Y agrega que: «Aceptar tal acuerdo, sería encubrir el golpe de Estado» que lo derrocó, el 28 de junio pasado. Afirma también que las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 29 de noviembre «son ilegales (.) Es una maniobra electoral antidemocrática repudiada por grandes sectores del pueblo para encubrir a los autores materiales e intelectuales del golpe». Zelaya expresa que el gobierno estadounidense abandonó la exigencia de su inmediata restitución, lo que se expresó en las declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado yanqui («las elecciones serían reconocidas por los EEUU con o sin restitución») y de Lewis Amselem, embajador estadounidense en la OEA («El acuerdo negociado recientemente no prevé la reinstauración inmediata de Zelaya [.] EEUU colaborará con el buen desarrollo de las elecciones»). Ante ello, termina su carta, pidiendo a Obama que «los EEUU ayuden a propiciar, en Honduras, un clima de reconciliación nacional y un consecuente proceso electoral constitucional, limpio, con garantías de participación igualitaria y libre para todos los hondureños». Una consecuencia de la capitulación Lo que Zelaya no dice en su carta es que la situación actual (las maniobras dilatorias de los golpistas para su restitución) no es más que una consecuencia de la política que impulsó desde que fue derrocado y, en especial, de la firma del Acuerdo de Guaymuras. Después del golpe, la orientación central de Zelaya fue lograr su restitución a la presidencia a través de una negociación con los golpistas, apoyándose en la «presión internacional». Es decir, en la presión sobre el régimen golpista por parte del gobierno de EEUU y sus «amigos» latinoamericanos, como Lula. Y así quedó expresado en su rápido apoyo al Pacto de San José, propuesto por Oscar Arias a iniciativa de Hillary Clinton. En un primer período, llamó a las movilizaciones del pueblo hondureño contra los golpistas, como factor coadyuvante de las negociaciones, e intentando siempre mantenerlas dentro de un marco «pacífico» y controlado, para que no fuesen a un choque frontal con el régimen y el gobierno golpista. Pero ya después de su vuelta a Honduras, el 21 de setiembre pasado, abandonó todo llamado a la movilización y se centró exclusivamente en las negociaciones. Lamentablemente, el Frente de la Resistencia cometió el grave error de acompañar esta política: primero justificó, con distintos argumentos, la desmovilización y después sacó un comunicado que, de hecho, apoyó el Acuerdo de Guaymuras Por su parte, desde el mismo día de su instalación, el pueblo hondureño llevó adelante una heroica lucha de resistencia contra los golpistas, con varios muertos por la represión. Una resistencia que alcanzó picos de gran masividad, que impidió la consolidación del régimen golpista y que abría la posibilidad de derrocarlo a través de la lucha y así abrir mucho mejores condiciones para continuar esa lucha por sus reivindicaciones más sentidas. Pero la política de Zelaya cerró esta alternativa y le robó al pueblo hondureño esa posible victoria. En otras palabras fue el propio Zelaya el que, a través del Acuerdo de Guaymuras ayudó, utilizando las propias palabas de su carta, a «encubrir el golpe de Estado. a sus autores materiales e intelectuales.» y a montar «una maniobra electoral antidemocrática repudiada por grandes sectores del pueblo». Colgado del pincel Luego de haberse apostado todo a la «presión internacional» y en la negociación con los golpistas, Zelaya entra en desesperación, al ver que puede quedar totalmente fuera del proceso, porque siente que el gobierno de Obama le «está soltando la mano» y dejándolo «colgado del pincel». Algo que, por otro lado, muestra claramente que el principal objetivo de Obama en Honduras no era «defender la democracia» ni los intereses del pueblo hondureño sino evitar, a través de las negociaciones y pactos, que se agravase el conflicto y, esencialmente, que se profundizase la movilización popular y derrocase con su lucha a los golpistas Cuando firmó el Acuerdo de Guaymuras, la LIT-CI afirmó que: «Zelaya mostró así claramente su carácter burgués y los límites infranqueables que ese carácter de clase le impone. Él prefirió salvar la actual estructura económico-político-social de Honduras antes que encabezar una lucha de masas para modificarla». Ahora, frente a la nueva situación creada por las maniobras del régimen golpista, demuestra nuevamente ese «carácter burgués» al optar no por un llamado a la movilización de masas sino por una patética apelación a la intervención política del gobierno imperialista de Obama. Boicotear las elecciones fraudulentas El próximo proceso electoral hondureño será totalmente antidemocrático y fraudulento. Ante ello, la LIT-CI llama al pueblo hondureño y a sus organizaciones políticas de izquierda, sindicales y populares a boicotearlo. Por eso, coincidimos con el llamado que, en este sentido ya han hecho el Frente de la Resistencia y otras organizaciones. Por el contrario, consideramos un gravísimo error la posición de César Ham, diputado por la Unidad Democrática (UD) y candidato a presidente en las futuras elecciones, que, según denuncia en una carta abierta Tomás Andino Mencía, miembro de ese partido: «Ha lanzado una fuerte ofensiva publicitaria para ganar el voto del electorado, tapizando con miles de afiches las principales ciudades del país, pautando costosos anuncios en la televisión y la radio». Llamamos a César Ham y a los sectores de la UD que lo acompañan en esta actitud a rever su posición: cualquier participación en este proceso electoral fraudulento solo servirá para legitimar al régimen golpista. Creemos que este boicot debe ser organizado para que sea el punto de partida de un reinicio de la movilización obrera y popular, de una lucha que deberá continuar contra el gobierno que surja de estas «elecciones», por las principales reivindicaciones del pueblo hondureño, tales como una Asamblea Constituyente soberana que elimine el reaccionario régimen político y la antidemocrática constitución actual, la reforma agraria, el fin de la base Soto Cano y la ruptura de la dominación imperialista-oligárquica del país. Será un momento también de hacer un balance de estos meses de resistencia, por un lado, y de la política seguida por Zelaya frente al régimen golpista, por el otro. Resulta claro que no puede ser él, ni quiere serlo, quien encabece consecuentemente la lucha del pueblo hondureño por esas reivindicaciones. Está planteado, entonces, la necesidad de construir organizaciones de la clase obrera y del pueblo, totalmente independientes de cualquier figura burguesa, que luchen por ese programa,. Junto con estas conclusiones, la LIT-CI llama a intensificar la movilización internacional para exigir de todos los gobiernos el desconocimiento del fraudulento proceso electoral y el gobierno que surja de él. Para que esto no quede sólo en el plano de las palabras o de las acciones diplomáticas formales, es necesaria también la exigencia de boicot económico, especialmente en el caso de Estados Unidos (principal comprador de productos hondureños y cuyos funcionarios gubernamentales ya han anunciado que pueden reconocer las elecciones), de los países latinoamericanos y de los centroamericanos, sobre todo con los que tiene fronteras, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. LIT – CI |
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